PolíticasPúblicas, El Derecho a la Educación en México y La Sociedad Civil

Políticas Públicas

Considero que el gobierno por su alta capacidad administrativa tiene la obligación de resolver problemas trascendentales para la sociedad, como pueden ser, el empleo, salud, vivienda, abastecimiento de agua, seguridad, etc., para resolver o incluso prevenir estos problemas es necesaria la eficiente implementación de las políticas publicas, las cuales si cuentean con un aparato administrativo adecuado podrán dar satisfacción a los ciudadanos en el cumplimiento a sus demandas y con esto la sociedad tendrá elementos para catalogar al gobierno de efectivo o no.

            A mi parecer una política pública es la decisión gubernamental plasmada en la resolución de un problema en la comunidad, ahora bien, si una decisión no es a fin de cuentas llevada a cabo solo queda en la elaboración de la política pública y no en su verdadera implementación, es decir solo queda en el papel. Siguiendo con esta línea, el gobierno tiene que dar solución a problemas que surjan en la sociedad a través de la política pública, y si opta por no dar solución entonces no cumple con su función primordial que es la de atender los problemas de la comunidad. La formulación de una política conduce a la elaboración de un producto de análisis, cuyo destino es un actor político.

El Derecho a la Educación en México

Como ya sabemos, “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación obligatoria. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.” Así rezan las primeras frases del artículo tercero constitucional.

No obstante, todos los días presenciamos violaciones de suma gravedad al derecho a la educación: en Oaxaca, por ejemplo, en el curso de los últimos dos años se suspendieron las clases por meses enteros en perjuicio de más de 800 mil alumnos de primaria y secundaria, sin que nadie lo reclamara; algo semejante sucedió en Quintana Roo y en Morelos, en clara transgresión de la ley que prescribe 200 días de clases al año (Ley General de Educación, artículo 51). Existen varios ejemplos como son: las nuevas evidencias de los bajos resultados de aprendizaje de los alumnos, aportadas por las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y algunas pruebas internacionales como el PISA, nadie ha demandado al Estado mexicano por incumplir su obligación de proporcionar una educación de calidad; se siguen cobrando cuotas “voluntarias” en las escuelas públicas, al parecer violatorias de su gratuidad, y en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua de la comunidad, por lo cual el derecho a una educación aceptable no está siendo satisfecho. Nadie denuncia jurídicamente estos hechos.

La Sociedad Civil y derechos ciudadanos

El término sociedad civil, como concepto de la ciencia Social, designa a la diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.

La sociedad civil tiene dos componentes principales: por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otra parte estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados.

Tradicionalmente, se identifica "sociedad civil", como el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediadores entre los individuos y el Estado. Esta definición incluye, pues, tanto a las organizaciones no lucrativas u organizaciones no gubernamentales como a las asociaciones y fundaciones. El concepto decimonónico incluyó también a las universidades, colegios profesionales y comunidades religiosas.

Ing. Ricardo A. Medina Castillo.